Foto: LUAN – Colectiva de acción fotográfica
“Minando las libertades democráticas”, un pronunciamiento elaborado y firmado por más de 60 periodistas, comunicadorxs y trabajadorxs de prensa de la provincia, ha recibido la adhesión de diversas organizaciones y figuras públicas de todo el país.A nivel provincial han adherido referentes de sindicatos como ATECH (docentes), Sitrajuch (judiciales), asambleas del No a la Mina, organizaciones de Derechos Humanos como diferentes regionales de la APDH, docentes, investigadores y artistas.
Entre las firmas a nivel nacional aparecen la socióloga Maristella Svampa, el abogado Enrique Viale, la periodista Soledad Barruti, Mario Antonio Santucho, editor de Revista Crisis, la periodista Silvia Martínez Cassina, la organización Diálogo 2000, que preside el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otros y otras. Dirigentes sindicales, políticos, científicos, colectivos de comunicación popular, asambleas, artistas, trabajadores y trabajadoras de todo el país, se han sumado.
El escrito retoma lo planteado por este mismo colectivo en diciembre de 2020: “(…) decenas de periodistas, comunicadorxs y trabajadorxs de prensa de Chubut nos pronunciamos en defensa del derecho a información clara, precisa y transparente, debido a que en nuestra provincia, el gobierno de Mariano Arcioni y Ricardo Sastre- con el aval del presidente Alberto Fernández- impulsa un proyecto que habilita la explotación de minería a gran escala (o “megaminería”) en los departamentos de Gastre y Telsen”. Y continúa: “El proyecto oficial ha recibido un amplio rechazo en diversos sectores de la población: sindicatos, ciencia, cultura, educación, estudiantes y juventud, salud, diferentes creencias y sentires religiosos, partidos políticos, numerosas asambleas socio-ambientales y las comunidades originarias que viven en la Meseta”, destaca el pronunciamiento, y a la vez que subraya la tergiversación de informes científicos del CONICET, denuncias de coimas y corrupción entre los mismos diputadas y diputados provinciales, detenciones y allanamientos ilegales sobre activistas de las asambleas socio-ambientales y “ Restricciones a la información y a la participación en instancias clave de debate del proyecto 128/20, y de la Iniciativa Popular 2020”.
El documento sostiene dos reclamos al gobierno provincial y a las y los legisladores. En primer lugar, “que las eventuales sesiones se realicen de manera presencial o mixta”, y por otro lado, “la más absoluta libertad de prensa, para realizar nuestra labor de informar, comunicar, investigar, preguntar”. A la vez aseguran que “El derecho a la información es un derecho humano y si lxs comunicadores no tenemos acceso a ella, consideramos se están vulnerando derechos fundamentales de la vida democrática”.
Aquí se podrá consultar el documento completo: