Eduardo Soarez, referente de la Gremial de Abogados/as, estuvo en comunicación con Radio Sudaca, para dar cuenta cómo continúa la lucha de las familias que reclaman tierra para vivir en Guernica. La Justicia dictaminó que en este mes podría efectuarse la orden de desalojo.
Por decisión del juez de garantía número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, el desalojo se podría efectuar entre el 15 y el 30 de octubre. Sin embargo, Eduardo comentó que están cerca de un acuerdo con los funcionarios gubernamentales: “Hicimos una propuesta sustentable, firme, precisa y concreta. Originalmente fue aceptada, excepto en el tema tierras porque quieren que todos salgan para censarlos, y luego en 6 meses se les encontraría un lugar. Y ese es un problema, porque están en Guernica porque no tienen dónde ir”.
La intendenta del municipio de Presidente Perón, Blanca Cantero, en la única reunión que sostuvo con los representantes de la toma dejó en claro que lo importante son los negocios inmobiliarios y los 18 countries que se pretenden construir en los predios que actualmente están ocupando las 2.500 familias. Esa falta de voluntad política para resolver la problemática habitacional de cientos de personas es lo que impide llegar a un acuerdo entre los actores protagónicos del conflicto.
Desde la defensa de las familias se ha llegado a realizar una presentación ante el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se ha buscado el aval y acompañamiento de referentes de Derechos Humanos para solicitar la protección de quienes están en la toma y evitar que se realice un desalojo violento. Pero los procesos son muy lentos comparado con el desalojo que fue ordenado y pretende ser llevado a la acción en tiempo récord.
Unas 200 familias aceptaron la propuesta del gobierno provincial, que consta de escasa asistencia económica y la posibilidad de obtener lotes con servicios, a cambio de abandonar los terrenos de Guernica. Sin embargo, otras 2.300 familias siguen en conflicto y han tomado una firme decisión de no retirarse del lugar. “Nosotros los acompañamos con lo que sabemos, pero las tomas las ganan ustedes. Eso les decimos siempre. También, les decimos que tienen que estar unidos, tirar para el mismo lado”, expresa Eduardo, quien entiende la desesperación y angustia de las y los ciudadanos que están resistiendo el desalojo y peleando por un lugar digno para vivir.
Aún existen posibilidades de negociación con el gobierno provincial para buscar una salida al conflicto que permita atender las necesidades de las familias ocupantes. “Si no es así, será medir fuerzas. Berni aparentemente pidió 1000 policías e infraestructura, y sabemos que los fiscales tienen preparados los lugares para trasladar a mujeres, niños y heridos”, expresó el representante de la Gremial de Abogados.