Este lunes, via mail, la jueza Karina Breclke dio a conocer el fallo que estableció la absolución para los 4 policías denunciados por torturas, amenazas y vejaciones que denunciaran vecinxs de la Asamblea del No a la Mina. La magistrada argumentó que no hubo excesos. La prensa de los grandes medios no cubrió el juicio. La fiscalía se retiró de la acusación. La defensa de los policías recusó al abogado de lxs denunciantes. El perito médico que constató las lesiones nunca declaró. La jueza Breclke absolvió a los acusados.
Comunicado de la Comisión contra la Impunidad:
El mismo día en que se conmemoraban en el país los 40 años de democracia, la jueza Carina Breckle notificaba vía mail, su sentencia absolutoria a los policías Juan benigno García, Matías Basualdo, Verónica Larsen y Cintia Rodríguez, todos ellos imputados por el delito de vejaciones cometidas hacia manifestantes defensores del agua en diciembre de 2019.
En una sentencia que debería dar vergüenza al sistema democrático, la jueza Breckle se dedicó con ahínco a demonizar a las víctimas y testigos de la querella, tratando a sus testimonios de mendaces, oportunistas y parciales, sin ponderar en un solo momento ninguno de sus testimonios sobre la feroz golpiza recibida, las amenazas de ser “el próximo Santiago Maldonado”, la asfixia provocada, los encapuchamientos, las fotos, ni las pericias.
Hemos dado cuenta de la violencia judicial desplegada en todo el proceso, la re victimización, las maniobras sucias y faltas de ética desplegadas por la defensa y avaladas en cada instancia por la jueza. Fue un proceso atroz como pocos, que dio cuenta de la oscura trama de complicidades entre el poder político, legislativo y judicial.
El rol de la fiscalía de Rawson fue aberrante declarando en contra de las víctimas y en favor de torturadores. Los llamativos certificados de licencia psiquiátrica presentados por el médico forense del poder judicial Rodríguez Jacobs quien había constatado las heridas de las víctimas y de este modo evitó dar testimonio de su informe pericial que implicaba a los policías involucrados. El apartamiento del abogado querellante por una jugarreta sucia de la defensa de los policías imputados que dejó a las victimas si su representante en la segunda audiencia, el blindaje mediático, la negativa de la jueza a que organizaciones nacionales y provinciales de derechos humanos puedan asistir virtualmente a las audiencias, son justamente una muestra cabal de la profunda herida que tiene nuestra democracia.
Conocemos perfectamente a esta jueza que ya había demostrado su total parcialidad al absolver a los hijos del poder imputados por violar grupalmente a una joven en playa unión en septiembre de 2012, en una sentencia que culpabilizó a la víctima.
Por otra parte hace unos días atrás, el Fiscal Federal Fernando Gelvez quien instruyó un sinnúmero de causas de lesahumanidad, formuló el pedido de elevación a juicio la causa contra 5 manifestantes por el corte pacífico de Ruta N 3 en el mes de Mayo del 2021 en defensa de una herramienta democrática: la iniciativa popular. Hecho que se suma a la angustia de decenas de compañerxs que están atravesando un proceso penal, o han sido condenados, por el solo hecho de ejercer el derecho a la protesta y han vivido la rapidez de un sistema de justicia que avanza por un lado, y se paraliza por el otro, en lo que damos en llamar la maquinaria del disciplinamiento por un lado y garantía de impunidad por otro.
En este mismo contexto, y después de 48 años de impunidad, se llevó adelante un juicio de lesahumanidad en el que fueron condenados 2 ex policías de la policía federal de Rawson a 15 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad, agravadas por violencia, amenazas y aplicación de tormentos, agravadas por ser las víctimas perseguidos políticos en 1975.
A 40 años de recuperada la democracia la cuenta pendiente es con el presente, no existe garantía de no repetición si el Estado continúa de forma psicopática condenando el pasado y absolviendo en el presente.
Admiramos la trayectoria y la incansable lucha de los organismos de derechos humanos, hemos aprendido de las familias de esta comisión a jamás bajar los brazos, a luchar contra todo y hemos logrado más de una vez dar vuelta los fallos absolutorios. Como las madres y las abuelas de plaza de mayo, luchamos para que un día estén sentados en el banquillo de los acusados todxs estos jueces y fiscales corruptos, los responsables políticos y materiales de la represión y la tortura.
Sin embargo no podemos dejar de notar que en todo este proceso no se acercó ningún organismo oficial de derechos humanos, ni el recientemente formado Comité Contra la Tortura.
Y nos preguntamos de qué lado de la tortura están, que postura tienen al respecto de la criminalización de la protesta y de la tortura?
Esperamos que esta terrible crisis política, económica y social que estamos viviendo haga reflexionar a más de uno sobre las responsabilidades que le caben a los funcionarios públicos como garantes de los derechos humanos y se posicionen de una vez por todas del lado de la democracia que tanto defienden en sus palabras pero no en sus actos cotidianos.
DE CONSAGRAR LA TORTURA POR ACCION U OMISION NO SE VUELVE
DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA TAMPOCO
ESTO NO TERMINA ACA
#TorturaNuncaMas
#LucharNoEsDelito
#ConTorturaNoHayDemocracia
NOS VEMOS EN TODAS LAS INSTANCIAS QUE SEAN NECESARIAS
Hasta la Justicia Siempre!