La Unión de Asambleas de Comunidades presentaron este lunes la campaña “¿Qué pasa con el agau en Chubut?. Piden la disolución del IPA y advierten de los engaños que trae aparejada la Emergencia Hidrica que envio el Ejecutivo a la Legislatura.
DECLARACIÓN DE LA UNIÓN DE ASAMBLEAS
DE COMUNIDADES DE CHUBUT (UACCh) – Lunes 23 de Agosto de 2021
NO TE SACA DEL PROBLEMA QUIEN TE METIÓ EN ÉL
¡¡No es sequía, es saqueo!! ¡¡Vienen por el agua!!
“¿Qué pasa con el agua en Chubut?”. La pregunta viene resonando
desde el último encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades de
Chubut (UACCh). La falta de lluvias y nevadas en la zona de la cordillera,
el aumento de las temperaturas y el impacto de lo que el norte global viene
nombrando como “cambio climático”, en diferentes partes de nuestro país
preocupa a toda la población.
Las redes se llenan de videos de personas caminando por el lecho del
Paraná o atravesando a pie los diques de los canales de riego de Neuquén;
los medios masivos no lo muestran, pero vecines recorren el Paraná a remo
en travesía por la ley de Humedales, y en Neuquén las comunidades
mapuche salen a las rutas bloqueando los accesos a Vaca Muerta para
denunciar la situación del agua.
En nuestra provincia, circulan imágenes de vecines caminando por los
lechos secos del embalse Florentino Ameghino, el lago Colhue Huapi, la
Laguna del Aeropuerto cerca de Esquel y otros espejos y cursos de agua.
La charla cotidiana entre vecines sobre la bajante de ríos, arroyos, lagos, la
remisión de agua en pozos, y la acuciante situación de poblaciones como
la aldea Yala Laubat en la meseta central, nos llevaron a afirmar, en el
último documento de la UACCh que “Chubut se queda sin agua”.
En las últimas semanas, replicando lo actuado por los gobiernos de
Neuquén y Río Negro (pero también por el gobierno nacional respecto de
la cuenca del Paraná entre otras), el Poder Ejecutivo provincial envió a la
Legislatura un proyecto para la sanción de una Ley de Emergencia Hídrica
que se basa en el reconocimiento de la crisis hídrica que atravesamos. Se
suma a otro proyecto de diferente autoría, que coincide en declarar la
Emergencia Hídrica, sólo que el del Poder Ejecutivo plantea darle
facultades extraordinarias al cuestionado Instituto Provincial del Agua
(IPA) para gestionar recursos y aumentar su capacidad de control sobre el
uso del agua en nuestra provincia junto con el Ministerio de
Infraestructura, Energía y Planeamiento del Chubut.
Desde las asambleas nos preguntamos ¿qué puede aportar una declaración
de emergencia hídrica a un Estado que se ha demostrado contrario a la
defensa del agua como bien común? ¿Cómo puede querer resolverse una
crisis hídrica a la vez que impulsan un proyecto de zonificación
minera que da vía libre a la contaminación de millones de litros de
nuestras cuencas subterráneas? ¿En qué medida puede aportar al
cuidado del agua cuando se protegen los intereses de las grandes
corporaciones extractivas petroleras? Hace años que nos niegan los
estudios sobre el agua del río Chubut en la zona cercana a la explotación
uranífera de los años ’70 (Los Adobes, en cercanías a Paso de Indios); se
han negado a controlar los efluentes de las pesqueras generando un
desastre ambiental en el valle; ¿y ahora quieren que le demos al zorro las
llaves del gallinero?
No nos saca del problema quien nos metió en él. El IPA ha mostrado ser
un organismo completamente ineficiente para el cuidado del agua. Si
repasamos su formato institucional y la historia de su creación, previa
disolución de la Secretaría de Recursos Hídricos, comprendemos que es
parte de un plan que tiende hacia la privatización del agua: es una entidad
sin presupuesto propio que sólo interviene en aquellos casos en los que un
privado lo solicita y garantiza el financiamiento de su intervención. Su
histórico director, Gerardo Bulacios, ha sido denunciado públicamente por
sus manejos fraudulentos de esta doble cabalgadura público-privada. Su
actual director, Ing. Nicolás Cittadini, viene de ser corrido de Vialidad
Provincial por las y los trabajadores de la dirección, por su nefasto rol en
los atropellos laborales hacia trabajadores del sector. Pero además, ¿cuáles
han sido las propuestas del IPA en el último tiempo para garantizar el
acceso al agua de todes les chubutenses?
En el segundo semestre del año 2020 el IPA autorizó un nuevo permiso de
uso de agua para Minera Argenta (Pan American Silver) para un
campamento minero en la zona de La Rosada. La minera utiliza esos
permisos para seguir vaciando los afluentes subterráneos de la cuenca del
Sacanana en su afán de seguir realizando exploraciones en el territorio que
ocupa. ¿Alguna relación con la remisión de las napas en la zona que
denuncian vecines de la comunidad de Yalalaubat? Todas. Y sin
embargo, el IPA desoyó las miles de presentaciones de recursos de
oposición a ese permiso de uso de aguas para la minera, presentadas por
vecines y organizaciones de toda la provincia en defensa de la producción,
la salud y la biodiversidad.
Es indiscutible que hay pequeñas obras que deberían haberse hecho hace
muchos años (como en el caso del Río Sengerr, los canales de derivación
sin compuertas, que permanecen abiertos todo el año e inundan campos
durante el invierno, impidiendo que esa agua llegue al lago Muster). Lejos
de ello, desde su asunción como nuevo director del IPA, Cittadini se
pasea por medios provinciales hablando de un plan de construcción de
cinco megaproyectos de alto impacto en las cuencas superficiales ya
deterioradas por la inacción del gobierno y los abusos de los grandes
capitales extractivistas y terratenientes. Vuelven a la carga con los
proyectos hidroeléctricos en Corcovado, en el río Senguerr y en la zona de
Gualjaina, ampliamente rechazados por les vecines y comunidades
mapuche tehuelche en ambos territorios. A la vez proyectan financiar
megaobras de compuertas de riego, para beneficiar a los espurios intereses
de grandes terratenientes en El Maitén, y dan por hecho el azud (un dique
de contención) en el lago Fontana para intervenir sobre la cuenca del
Senguerr.
Es francamente alarmante que habiendo permitido que las petroleras, con
sus tomas de agua clandestinas, sequen por completo el lago Colhue
Huapi y estén secando el vecino lago Musters, el Estado se permite tamaña
intervención sobre el nacimiento del río que alimenta ambos cuerpos de
agua, estando en discusión si la construcción de un azud es el mejor plan
en tiempos de sequía.
Con esos antecedentes, y con la probada voluntad predatoria que tiene el
gobierno de Chubut hacia nuestros territorios y nuestras comunidades,
¿podemos confiar en su declaración de emergencia hídrica?
Basta leer las prioridades que han establecido para el uso de agua (se
estipulan por art. 42 del Código de Aguas de la Provincia del Chubut) para
comprender que se trata de una herramienta más para el saqueo de nuestros
bienes comunes. Si bien el primer lugar es para el uso doméstico y
residencial cómo el abastecimiento de poblaciones, luego se enlistan en
orden de prioridad: Agrícola, Pecuario, INDUSTRIAL, MINERO,
ENERGÉTICO, Terapéutico, y por ÚLTIMO Turístico y Recreativo.
Por un lado, en el orden energético se invisibiliza el rol de las operadoras
petroleras en la desaparición del lago Colhué Huapi y la preocupante
sequía del Musters en la zona sur de la provincia, donde se planifican
obras de gran envergadura que afectarían seriamente los cuerpos y cursos
de agua superficiales.
Por otra parte, no se diferencia -ni en el código de aguas ni en el proyecto
de emergencia presentado por el ejecutivo- entre grandes y pequeños
productores agropecuarios, a pesar de reconocer la existencia de “más de
3000 productores” (según Cittadini) de los que no se tiene registro alguno.
Con lo cual, las medidas propuestas corren graves riesgos de terminar
redundando en nuevos beneficios para los mayores usurpadores de tierras
ancestrales de la Patagonia: el grupo Benetton y su Compañía de Tierras
del Sud. Este grupo económico transnacional es responsables de los
principales endicamientos ilegales con el fin de acaparar agua en el curso
de los ríos Chubut, Lepá, Gualjaina y sus afluentes; a su vez, es
corresponsable -junto con diversos estamentos del estado provincial y
nacional- de la invasión de especies exóticas como el pino en toda la zona
de las nacientes del río Chubut y sus afluentes.
El negociado de la pinificación tiene probados efectos negativos en el agua: baja el nivel
freático y deseca manantiales, mallines y pequeños arroyos, mientras
merma el caudal de otros cursos de agua.
El proyecto del ejecutivo también proyecta declarar responsables legales
de la custodia de las compuertas, a los propietarios de los predios donde se
instalen los dispositivos de aforo y transmisión. Más poder de control del
agua, a los mismos grupos. Se prevé disponer de un fondo especial de
$500.000.000 a repartir entre el IPA y el Ministerio de Infraestructura para
obras como la construcción de represas hidroeléctricas y compuertas en las
nacientes de aguas, que impactarían directamente en el detrimento de la
flora y la fauna. No se planean obras en los municipios para garantizar
agua. Este dinero es sólo para megaproyectos, lo que -sabemos- trae
aparejada la “megacorrupción” que ha devastado al estado provincial.
Toda declaración de emergencia genera una nueva caja, reduciendo los
controles, generando la posibilidad de hacer compras directas, sin
licitaciones ni control previo de organismo alguno (ni hablar de controles
ciudadanos o transparencia…).
Consideramos de vital importancia compartir esta información con
nuestres vecines para poder seguir articulando acciones de defensa del
agua, fuente de vida para nuestros territorios y nuestras comunidades.
Denunciamos la sistemática violación del gobierno de Chubut a los
convenios internacionales en términos de consulta previa, libre e
informada al mundo indígena (Convenio 169 OIT) y a los suscriptos
recientemente sobre participación ciudadana en materia ambiental
(Acuerdo de Escazú), ambos con rango constitucional en nuestro país.
Reconocemos detrás de los proyectos del IPA la mano del IIRSA, la
iniciativa regional que nuclea a corporaciones y gobiernos con fines de
explotación de los territorios y esclavización de las poblaciones, y
alertamos sobre los verdaderos fines del Corredor Bioceánico
recientemente anunciado en el marco de la campaña electoral de lxs
precandidatos del oficialismo nacional en la zona de Lago Blanco
(sudoeste de Chubut).
Exigimos la disolución del Instituto Provincial del Agua -IPA, como lo
venimos haciendo desde el Parlamento por el Agua en El Maitén en
febrero de 2020. Demandamos la jerarquización de la problemática en un
marco institucional apropiado a la caracterización del agua como bien
común y la generación de una política hídrica acorde a los principios
rectores de la autoridad federal en la materia, el Comité Hídrico Federal
-COHIFE. ¡Ninguna autorización de uso de agua que no sea para la
vida y el cuidado de la mapu!
Entendemos que la única garantía para evitar que nos sigan robando el
agua es la organización comunitaria que nos permita caminar con
autonomía hacia el buen vivir, y es por eso que convocamos a todxs lxs
vecinas, vecines y vecinos de Chubut a sumarse a las asambleas de sus
localidades, a articularse en las redes de asambleas y a salir a luchar con
todas las herramientas que tengan para ponerle un freno a los intereses de
estos gobiernos y de las corporaciones que quieren saquear nuestro
territorio. Todas las estrategias son válidas y la salida siempre es
colectiva. ¡¡NO ES NO!! – ¡¡RETIRO INMEDIATO DEL PROYECTO
DE ZONIFICACIÓN MINERA!! – ¡¡NO ES SEQUÍA, ES SAQUEO!!