El abogado Eduardo Hualpa fue uno de los primeros en hacer ver el error que estaba cometiendo el gobierno de Mariano Arcioni al enviar a la Legislatura el pliego para cubrir las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia, sin haber cumplido con la ley de procedimiento. Luego, aparecieron las advertencias de los Colegios de Abogados de la provincia y hasta de la Federación de Magistrados y Funcionarios.
“El repudio ha sido unánime. Hoy el ministro Grazzini ha salido a decir que van a cumplir con el procedimiento”, señaló Hualpa en dialogo con Cuando el Rio Suena.
Y fue así. El gobierno , en el Boletín Oficial de este lunes, incluyó los nombres y antecedentes de las tres personas que postulará: Daniel Baez, Ricardo Napolitani y Silvia Bustos.
El abogado Hualpa explicó que el gobierno tiene que publicar los nombres en el Boletin Oficial y diarios, luego las organizaciones tienen 15 días para expresarse sobre los candidatos y que después de escuchar las voces de la gente, recién ahí el gobernador eleva el pliego o no.
La otra falla grave que se advierte es la falta de paridad de género: “Acá hay un grave problema de desigualdad en materia de acceso a cargos judiciales por parte de las mujeres. En 63 años no hubo ninguna mujer en el STJ. Hacen todo el trabajo fuerte en instancias superiores, pero no se las deja llegar a jefas, a estar en la cabeza del poder”
De todas maneras, y ante la urgente que le nació al gobierno por completar el Tribunal, Hualpa señala: “Para que cubran las vacantes con gente como Donnet es gastar plata al cohete. Si va a cubrir las vacantes gente como Donnet, que los propios empleados te decía que se dormía en las audiencias, que además de su carácter misógino, no aportó nada a la justicia; yo prefiero que siga Vivas, habrá demoras, pero también habrá demoras con gente como Donnet”.
Además, destaca la importancia de la conformación de un tribunal que tenga el aval de la comunidad: “Los que acompañamos reclamos en cuestiones sociales sabemos que el STJ tiene la última palabra en temas fundamentales para toda la población. La última palabra con comunidades indígenas, con reclamos de tierras, en derechos humanos, en violencia de género; entonces, no podemos dejar que esa última palabra sea dicha por cualquier persona que no tenga aval ético, técnico y popular.