La fiscal General de Rawson, Dra. Florencia Gomez fue denunciada por defensores del medio ambiente, y la Comisión contra la Impunidad y la Justicia por inacción y mal desempeño en sus deberes de funcionaria pública.
Se le cuestiona a la fiscal Gomez la falta total de acción en una causa por violencia policial, torturas, amenazas, iniciada en misma fecha, hace dieciséis meses atrás, cuando se inició otra causa en la cual se criminalizó, y hostigó a varios militantes ambientalistas durante más de un año, quienes finalmente fueron sobreseídos por falta de pruebas en su contra.
Es justamente por lo sucedido a aquellas seis personas detenidas ilegalmente en un brutal operativo policial en las puertas de la legislatura, cuando policías que se negaban a identificarse, los golpearon dentro de la Comisaría de Rawson. En horas de la madrugada, trasladaron a la ciudad de Trelew a los varones, -que no habían sido liberados aún-, con sus cabezas encapuchadas, les cambiaron de vehículo luego de haberse desviado por caminos vecinales de ripio, sin dar explicaciones y a modo de operativos de tortura psicológicas propios de la dictadura. A alguno de los luchadores sociales detenidos ese día, cuando se manifestaban contra la explotación megaminera en la provincia, se lo amenazó con ser el siguiente Santiago Maldonado.
A más de un año de haber realizado esa denuncia, en la que Jairo Rodrigo Epulef, Roberta Gogorza, Leonardo Federico Silva, Fabiana Cartolano, Juan Salvador Gigirey y Noelia Silva fueron víctimas de esa inusitada violencia institucional, abusos de poder, golpes torturas y amenazas, la fiscal a cargo del Legajo de Investigación (N°20.880) en el Ministerio Público Fiscal no movió la causa, ni pidió la apertura a prueba, no existiendo razones que justifiquen tal inacción.
Ello constituye, como lo expresa la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, una grave falta a los deberes de funcionaria pública, y un gran riesgo para el pleno ejercicio de todos los derechos humanos de quienes habitamos la región, y nos expresamos en las calles democráticamente. Estará ahora, en manos del Consejo de la Magistratura el desbaratar la garantía de impunidad que el Ministerio Público Fiscal ha ofrecido con esta inacción, a aquellos policías que realizan repudiables prácticas violatorias de los derechos humanos.
