Foto: LUAN Colectiva de Acción Fotográfica
Sebastián Sayago
El lobby minero no es el único responsable del proyecto de zonificación minera. También el kirchnerismo tiene su responsabilidad. Y esta responsabilidad es doble.
Para el gobierno nacional, el extractivismo (incluida la megaminería), es una política de Estado. Hace poco, el Congreso de la Nación aprobó un aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas (presentado como “Impuesto a la riqueza”) y allí se destinaba un 25% de lo recaudado a la industria del gas natural (específicamente, al fracking). Pero esto viene de muchos antes: de la administración kirchnerista en la provincia de Santa Cruz y el estímulo a las inversiones mineras. Y continuó desde el 2003 hasta la fecha a escala nacional (en este punto, no hubo diferencias con el macrismo).
El 25 de noviembre de 2014, en la Legislatura de Chubut, se aprobó una modificación inconstitucional del Primer Proyecto de Iniciativa Popular contra la megaminería. Todos recordamos lo que pasó esa noche. La foto del diputado Gustavo Muñiz expuso con obscenidad la traición al pueblo que se había acordado mayoritariamente en el cuerpo. El gobernador era Martín Buzzi, que había llegado al cargo de la mano de Mario Das Neves y luego cruzó rápidamente de vereda, para convertirse en kirchnerista de la primera hora.
La historia se repite con Mariano Arcioni, heredero político de Das Neves y seguidor de Sergio Massa. Después de coqueteos con Mauricio Macri, ahora está en la fila de los gobernadores kirchneristas. En 2017, había hecho su campaña como candidato a diputado nacional enarbolando con firmeza las banderas socioambientales y plantándose como firme oponente a la megaminería “que quieren imponer desde Buenos Aires”. Cuando al año siguiente vino a Chubut el ministro de Energía Juan José Aranguren, miró para otro lado y no salió en la foto de la denominada “Cumbre de Telsen”. Ahora, la situación es distinta y agradece el impulso y la confianza que le brinda el secretario de Minería Alberto Hensel. Lo vemos enarbolando con firmeza la bandera de la megaminería y plantarse como firme oponente de los “500 ruidosos” que quieren un desarrollo sustentable.
Se podrían decir muchas cosas más acerca de la relación entre el kirchnerismo y la megaminería. Habrá quien vea ahí una contradicción o un límite, habrá quien vea la convicción en el capitalismo extractivista.
La responsabilidad local
Pero el kirchnerismo tiene una segunda responsabilidad, una que se configura en el nivel local. Si el proyecto minero es aprobado, será porque el kirchnerismo habrá aportado los votos necesarios.
Arcioni, siguiendo los lineamientos del kirchnerismo nacional, cumplió con su tarea: presentó el proyecto de zonificación y mira a Alberto Hensel y a Alberto Fernández para que reconozcan la valentía y hagan lo suyo. El vicegobernador Ricardo Sastre tal vez también quiera dar una muestra de fe o de lealtad. Lo mismo otros diputados que eran kirchneristas desde mucho antes que Arcioni.
¿Ser un diputado kirchnerista implica apoyar la minería a cielo abierto, pese a que evidentemente no haya licencia social para ello? Seguro que no para todos. Hay quienes declaran con contundencia que no van a apoyar el proyecto porque el pueblo lo rechaza y porque la megaminería no es la alternativa productiva que debería elegir la provincia.
Pero tal vez esos que (sin renunciar al kirchnerismo y pese a las múltiples presiones) voten en contra de la zonificación sean pocos, es decir, no los suficientes para impedir la aprobación del proyecto. Y, si eso ocurriera, habrá risas en diferentes sectores del kirchnerismo. Alberto y Cristina también celebrarán.
Pero el pueblo se ha pronunciado. La voluntad popular está en las calles, en toda la provincia, circula por las redes sociales, sorteando las restricciones impuestas por los medios cooptados por el lobby minero.
Si el proyecto de zonificación se aprueba, se habrá traicionado al pueblo. Y este conflicto que desde hace años nos atraviesa se agudizará, porque no volveremos a nuestras casas con los brazos caídos. Porque los principios son más fuertes que las coimas y que las lealtades políticas ciegas y mezquinas.
¿A quién representa un diputado? Esa es la pregunta.