Sebastián Sayago
El proyecto de zonificación minera presentado por el gobierno provincial destila hipocresía en cada renglón. No es un documento mal redactado, dadas las urgencias y las presiones de las empresas mineras y el gobierno de Alberto Fernández. Directamente, es un proyecto que se burla del pueblo y de la democracia representativa.
Son muchos los aspectos que podrían apuntarse para justificar esta lectura. Nos detendremos en cinco:
1) En la sección Presentación de motivos, dice “Es hora de proponer una alternativa a la región mas postergada donde no sólo no hay desarrollo sino que la calidad de vida de quienes habitan allí está definida como de las más bajas del país (mapa de de índice de calidad de vida, Conicet, 2019)”. Por un lado, llama la atención que recién ahora asuman que hay que proponer una alternativa de desarrollo económico y social a la Meseta. Tardaron bastante en tomar la decisión. Mientras tanto, la condenaron al abandono y a la postergación. El gobierno es el principal responsable de la situación que ahora describe casi con indignación. Por otro lado, en un país donde hay comunidades con personas que sufren pobreza extrema y desnutrición, decir que las poblaciones de la Meseta está en esa misma situación es faltar a la verdad (claro, “la verdad” es un concepto que al gobierno no le importa mucho).
A continuación, reafirma la importancia del “consenso”, algo que, en realidad, también es una palabra vacía para el gobierno, ya que es evidente que la megaminería no tiene consenso en la provincia. Al referirse a los “Aspectos sociales”, no se mencionan a los pueblos originarios ni el respeto a los pobladores que quieran seguir desarrollando actividades no extractivas. No se plantea la necesidad de contar con un fuerte control que evite actividades tales como el narcotráfico y la trata de personas, algo que está asociado a la minería a cielo abierto.
Resalta la ridiculez de la noción de “Control y Participación Ciudadana” previstos en el proyecto. Al complementar la lectura con lo establecido en el articulado, resulta claro que la participación ciudadana va ser regulada absolutamente por el lobby minero, quien decidirá quiénes podrán participar y de qué manera. Es decir, como era previsible, no habrá un control democrático (“democracia”, otra expresión cuya importancia es irrelevante para estos sectores).
2) En el Anexo, el documento expone de manera grosera lo que todo el mundo sabe: no hubo participación de la ciudadanía en la elaboración del plan ni consulta a organizaciones sociales y científico-tecnológicas de la región. Es un proyecto hecho a espaldas del pueblo, ideado por el lobby minero.
Vale indicar que muchísimas organizaciones sociales e instituciones académicas se manifestaron contra la megaminería y señalaron los grandes perjuicios que provocaría en la región. Nunca se los convocó para escuchar sus argumentos. Simplemente, se los ignoró (así como se ignoró a toda la gente de la Meseta que tampoco quiere esta alternativa productiva).
El proyecto también tergiversa el sentido de la información que toma como justificación. Resume un diagnóstico del INTA en el que, claramente, se señala al Estado como responsable de la crítica situación de la Meseta, porque ha abandonado la región y porque no contribuye al desarrollo de actividades productivas sustentables (vinculadas a la ganadería y la agricultura). Pero toman ese diagnóstico como respaldo para impulsar la megaminería. Una caradurez sorprendente.
3) En esta sección, también se presentan las cuatro zonas en que se dividen el conjunto de los departamentos de Gastre y Telsen. En la Zona 1, que incluye cauces de ríos y arroyos (principalmente, el río Chubut y el arroyo Telsen), se mantiene la prohibición de explotación minera a cielo abierto y del uso de cianuro. En la Zona 2, que bordea la zona anterior, se abre la posibilidad de que esa prohibición pueda “ser exceptuada oportunamente por la Autoridad de Aplicación, cuando se demuestre acabadamente por parte del titular del proyecto la no afectación de los recursos hídricos superficiales protegidos”. Es decir que las propias empresas mineras (sin mayores controles científicos ni ciudadanos) negociarán con el gobierno la explotación y el uso de cianuro en esta zona. En la Zona 3, se habilita todo, sujeto a la aprobación de la Autoridad de Aplicación (que ya sabemos para qué lado tira). En la Zona 4, vale todo (incluido el cianuro, que no está prohibido).
Es decir, se simula proteger los ríos y arroyos, pero, si las empresas mineras y el gobierno se ponen de acuerdo (?), terminarían gravemente afectados.
4) El proyecto no plantea acciones concretas para el desarrollo de actividades sustentables, como la ganadería y la agricultura. Crea Observatorio de Recursos Naturales y varios centros, pero están todos orientados al monitoreo y promoción de la minería.
5) Entre los artículos, hay uno que evidencia con brutalidad tanto el servilismo al que quieren someter el Estado como la ambición del lobby minero. En el Art. 41°, se establece que las empresas mineras puedan “Desarrollar planes de capacitación para estudiantes de los distintos niveles escolares en las zonas de influencia de las explotaciones, a fin de propiciar la radicación y asegurar la permanencia de poblaciones en las zonas de producción”. Se otorga a entidades privadas, movidas por el afán de lucro, el derecho de entrar a las escuelas y colegios púbicos, organizar y desarrollar proceso de enseñanza, para realizar acciones que son propias del Estado e indelegables.
No es este el lugar para analizar lo que este gobierno entiende por “educación pública”. Sí podemos señalar que el lobby minero pretende avanzar en el control ideológico de la población. Para ello, cuenta con la complicidad del gobierno, con el espíritu mercenario de gran parte de la prensa comercial y, de aprobarse este proyecto, contaría también con el aval oficial para entrar en las escuelas e inculcar su ideología desde el jardín hasta el terciario.
En momentos en que muchos hablan acerca de los peligros del “adoctrinamiento” en la educación, lo que propicia el proyecto de zonificación es gravísimo. Pretende entregar a las empresas mineras desde los recursos naturales hasta la educación (y las conciencias) de los chicos, pasando por la democracia. Resulta excesivo, ¿no?
