Luego de 15 años de gobierno del Frente Amplio, el 1 de marzo asumió el nuevo gobierno de coalición en Uruguay, conformado por cinco partidos políticos. En sus primero cien días en el poder, el presidente Lacalle Pou mandó su programa de gobierno en formato de proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC). Esto significa que el Parlamento tiene 90 días para expedirse al respecto. En caso de no hacerse modificaciones o se vencido el plazo para realizarlas, el proyecto se aprueba tal cual se envió desde la presidencia.
Desde Saltando muros nos comunicamos con Ignacio villar, vocero de la campaña del No a la reforma en la República oriental del Uruguay para que nos comente en qué consiste este proyecto de ley.
“Modifica más de 30 leyes sancionadas durante los últimos 15 o 20 años. Modifica la seguridad pública, la economía, el medioambiente, la reglamentación fiscal. Lacalle Pou había adelantado durante la campaña que se iba a utilizar esta herramienta, pero los contenidos del proyecto no fueron conocidos. El proyecto ya fue aprobado y probablemente será promulgado en los próximos días. En materia de seguridad propone seguir con la ‘mano dura’ contra el delito, aumentar penas, crear nuevas; dar más discrecionalidad a la policía, sentar las bases para que haya mayor gatillo fácil tanto desde policías como de militares y particulares; limitar el derecho a huelga, el derecho a la protesta. Es un combo de medidas que deja a Uruguay en una situación complicada.
Consultado respecto a si este programa de gobierno representa un proceso de derechización de la política en ese país, respondió.
“Sí, totalmente. En las últimas elecciones apareció Cabildo Abierto un nuevo partido de extrema derecha que es sumamente regresivo, represivo, con tintes de defensa de la última dictadura militar y que se opone a lo que llaman ideología de género. Lo conforman personas sumamente reaccionarias que se juntaron con las alas más moderadas de los partidos tradicionales y armaron esta coalición multicolor que de multicolor no tiene nada, que es más bien gris y mirando hacia pasado.”
Igual que en Argentina, el tema de la inseguridad fue decisivo durante la campaña electoral ¿Cómo se justifica ese discurso que plantea volver a la ‘mano dura’ para garantizar la seguridad de la población?
“En Uruguay existen problemas de seguridad que han ido creciendo, problemas de convivencia a pesar de la bonanza económica. La muestra está, tenemos 12.000 presos en un país de 3 millones de personas y eso es muchísima gente presa. Con estos cambios legislativos se propone seguir aumentando la población carcelaria, en cárceles que presentan condiciones lastimosas. Hubo una campaña mediática constante, avasalladora sobre el problema de la seguridad, el tema estaba centrado, pero una vez conseguido el gobierno el foco cambió. El blindaje mediático que está recibiendo el gobierno fue inesperado, en apenas 100 días, este gobierno está plagado de escándalos, direcciones y ministerios con irregularidades, escuchas telefónicas que involucran incluso a la vicepresidenta, pero en los grandes medios solo escuchamos sobre los logros que se adjudica este gobierno, pero que en realidad pertenecen al gobierno anterior. Todo en el medio de una crisis económica que se ha generado y que hace impensable que la gente no salga a manifestarse en la calle.
¿Cómo se han manifestado las organizaciones sociales y de derechos humanos respecto al proyecto de ley?
“El debate fue completamente limitado. Se invitó a las organizaciones sociales a manifestar su postura respecto a este proyecto, pero se les dio poco tiempo en el parlamento para expresarse. Se están tejiendo lazo en el campo popular porque van a ser cinco años largos de tener que resistir, de demandar lo que nos corresponde. Ante un escenario de mayor corrupción es inevitable acompañar a la gente porque el desmantelamiento de las políticas sociales ya es un hecho. Alcanza con salir a las calles y ver cómo ha crecido la cantidad de ollas populares. La solidaridad está, porque ante las crisis el que responde siempre es el barrio. Pero ya es necesario contar con las organizaciones del campo popular, con los sindicatos, con la nueva oposición donde está el Frente Amplio. Es un momento de recomponer ciertos lazos entre el poder político y el campo popular para resistir, porque vienen por todo.”
